El gobierno australiano promueve una lay para que el "secreto de confesión" no tenga validez jurídica ante los tribunales ordinarios, a fin de que la pederastia eclesial no pueda ampararse bajo el mismo...
El de la catolicísima Irlanda embarga todos los bienes de la Iglesia para hacer frente a las indemnizaciones de las víctimas por abusos cometidos por su clero...
Aquí, en España, Sánchez se lava las manos y larga la responsabilidad al Defensor del Pueblo y un Comité formado por expertos independientes y representantes de la propia Iglesia (de los verdugos, no de las víctimas). Un vergonzoso desmarque en un gobierno que se autocalifica progresista y de izquierdas.
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